Otra idea para impedir el retroceso de los Derechos Humanos

¿Cómo impedir el retroceso de los Derechos Humanos?

               Pudiera parecer que el objeto de este texto son los Derechos Humanos en un sentido amplio y genérico, es decir, aquellos derechos dignos de reconocer a todo ser humano por el hecho de serlo, sin embargo, a poco que nos fijemos en la literalidad del título (¿Cómo impedir el retroceso de los Derechos Humanos?), concluimos que no es así. Si hablamos de retroceso de los Derechos Humanos, estamos hablando de Derechos Humanos reconocidos pero que están siendo cercenados, obviados o eliminados. Por tanto, excluimos de la plancha aquellos espacios, países o regiones que no reconocen los Derechos Humanos -por ejemplo, en Corea del Norte no tiene sentido hablar de retroceso de los Derechos Humanos-, pues para que un derecho retroceda, por pura cuestión conceptual, debe previamente haber sido reconocido.

               Delimitado el objeto del texto, pasemos a analizar qué Derechos Humanos han sido reconocidos.

               La historia del reconocimiento de los Derechos Humanos es la historia de las declaraciones de los derechos humanos, y “está íntimamente ligada a la historia del constitucionalismo, es decir, a aquella corriente de pensamiento que propugna la limitación y el control del poder político por medio del derecho. Ello es claro en las primeras declaraciones de derechos: el Bill of Rights de 1689, en Inglaterra; las declaraciones de las ex colonias norteamericanas –sobre todo, la del Buen Pueblo de Virginia de 1776-, o la Déclaration de droits de l´homme et du citoyen de 1789, en Francia. Todas ellas fueron producto de las grandes revoluciones liberales.

En origen, las declaraciones de derechos, fieles a su raigambre liberal, contenían solamente derechos civiles y políticos, es decir, aquellos derechos tendentes a garantizar ciertos ámbitos de autonomía individual frente al Estado (legalidad penal, inviolabilidad del domicilio, ..) y ciertas facultades de participación en los asuntos públicos (derecho de sufragio,…). ” (Sistema de Derechos Fundamentales, Luis María Díez-Picazo). En definitiva, aquellos derechos que dan contenido al derecho humano de libertad.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los países de Europa Occidental llegaron a la conclusión de que el modelo de Estado liberal de Derecho se mostraba insuficiente y, optaron por modificar el modelo de Estado de Derecho incorporando los derechos sociales a los textos constitucionales que fueron apareciendo a partir de la II Guerra Mundial, evolucionando así hacia un Estado Social de Derecho. Así surge el Estado del Bienestar europeo frente al Estado neoliberal de Derecho consolidado históricamente en Estados Unidos.

Los derechos sociales, económicos y culturales dan contenido al derecho humano de igualdad y son, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. En definitiva, se trata de derechos que tienen por objeto alcanzar el bienestar y equilibrio social, la redistribución de la riqueza, directamente relacionados con la dignidad humana y una herramienta para lograr la justicia social.

               El retroceso de los derechos humanos que estamos viviendo lo es, principalmente, de estos derechos sociales. No sufren tanto este retroceso los derechos individuales porque, al contrario que los sociales, tiene mecanismos de protección, como seguidamente veremos.

La Constitución Española de 1978, en la línea de la tradición europea, propugna en su artículo 1 que España es un Estado social y democrático de Derecho. Nuestra constitución contiene la declaración de derechos individuales y también de derechos sociales, pero no establece para ambos el mismo nivel de garantía.

Nuestra Constitución de 1978 reconoce como Derechos Fundamentales a los principales derechos civiles y políticos (individuales), ese reconocimiento supone otorgarles una garantía específica cual es la protección judicial. La piedra angular de la protección normal de los derechos fundamentales es el control jurisdiccional (Prof. G. Peces Barba). Esa garantía específica (control jurisdiccional) faculta a cualquier persona para, individualmente, exigir el cumplimiento de esos derechos y/o denunciar su vulneración ante los órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, la Constitución Española de 1978 no configura con la cualidad de Derechos Fundamentales (Arts 14 a 29 CE) a la mayoría de los principales derechos sociales que reconoce, sino que los ubica en un escalafón inferior, como meros derechos constitucionales de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a la protección de la salud, el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo, el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,  o el derecho a la integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, o el derecho a la suficiencia económica de la tercera edad, que la Constitución coloca ahora en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica, esto es, derechos a modo de principios cuya exigibilidad es todavía más débil que los anteriores. No existe ningún Tribunal al que un español de a pie pueda acudir para denunciar la violación y restitución de estos derechos sociales.

Podemos concluir que nuestra Constitución reconoce pero no garantiza los derechos sociales, mientras que reconoce y garantiza los derechos individuales. Aunque nuestra Constitución establece que España es una Estado social y democrático de Derecho, la realidad es que España no es un Estado social, no puede denominarse social cuando sus méritos se limitan a reconocer los derechos sociales, sin garantizar su eficacia.

 Y ello sin entrar en detalles sobre la separación de poderes. Una gran parte de la ciudadanía asiste atónita al reparto partidista de los sillones del poder judicial, cuando el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ya establecía que: Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. Asimismo, el profesor G. Peces Barba  expresó que los jueces no podrán cumplir su función de protección de los derechos fundamentales si no tienen, ante la comunidad, un prestigio por encima de toda duda y una objetividad que nadie, ni ciudadanos ni poder político, puedan rechazar.

El retroceso de los Derechos Humanos, en el ámbito nacional y también en el europeo, es la crisis del Estado de Bienestar o del Estado Social y, por ende, la crisis de los derechos sociales que dan nombre y contenido a dicho Estado, porque son derechos faltos de protección y su implementación queda al arbitrio del poder ejecutivo y legislativo de turno. Ante el vendaval de neoliberalismo que arrasa Europa, los derechos sociales carecen de toda protección y son pisoteados sin que ningún ciudadano de a pie, por sí sólo e individualmente, pueda impedirlo.

 Una de las actuaciones, a mi entender, necesarias para frenar el retroceso y evolucionar nuevamente a cotas de bienestar social dignas en España, pasa por garantizar la eficacia de los derechos sociales otorgándoles la cualidad jurídica privilegiada de derechos fundamentales. Así, los derechos sociales como derechos fundamentales afectarían a los criterios de validez jurídica de las restantes normas de nuestro ordenamiento jurídico, limitando con ellos la acción del poder legislativo y ejecutivo, obligándoles a desarrollar el contenido de los derechos sociales, sin posibilidad de obviar o esquivar dicha obligación.

Pero para ello sería necesario modificar la Constitución, y la Constitución sólo la puede modificar, con un procedimiento muy rígido, el poder legislativo, el mismo que, junto con el ejecutivo, está permitiendo la debacle de los derechos sociales. Luego, no podemos confiar en ello.

Existe otra posibilidad de establecer esas garantías para los derechos sociales: el Derecho Internacional.

Actualmente, el sistema universal de derechos humanos reconoce los derechos sociales en la mayoría de tratados o acuerdos internacionales relativos a los derechos humanos, si bien, no cuenta con un tribunal de justicia para la protección de esos derechos y cuyas decisiones sean vinculantes para todos los Estados.

Si  es cierto que cuenta con un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compuesto por expertos independientes, que supervisa la aplicación, por los Estados parte, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y, que desde hace escasamente un año, puede examinar las denuncias de violaciones directas de los derechos sociales de los particulares, tras haber entrado en vigencia el Protocolo Facultativo del Pacto, siendo de resaltar que sólo tres países de la Unión Europea lo han ratificado (España, Finlandia y Portugal). Sin embargo, como decía, éste Comité no es un Tribunal ni sus informes son vinculantes, aunque el hecho de que haya entrado en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto es ya un paso a tener en cuenta.

En lo que respecta al sistema de la Unión Europea, el 4 de noviembre de 1950 el Consejo de Europa adoptó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y se creó un órgano judicial encargado del seguimiento del Convenio al que se pueden dirigir los particulares (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), pero en esta Convención solo se establecen los derechos civiles y políticos, no los sociales.

Los derechos sociales, económicos y  culturales fueron reconocidos en la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, sin embargo, se libera a los Estados de cumplir con algunos de los artículos, entre ellos, el derecho a la salud y el derecho a la educación, y, además, estos derechos no disponen de una protección judicial a la que se pueden dirigir los particulares ante una violación o vulneración de los mismos.

Por tanto, una acción determinante para impedir el retroceso de los Derechos Humanos sería incluir, entre las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  protección y garantía de los derechos sociales, Tribunal al que podemos dirigirnos cualquier español o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea.

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