La vida humana

Las voces más numerosas de nuestra cultura afirman tajantemente que:
1º.- La vida humana es un bien de titularidad social o divina, y no de titularidad individual.
2º.- Que es un bien del que su mismo titular no puede disponer. Incluso que la vida es un bien indisponible -en general, no sólo para su titular-.
3º.- Que la vida es un bien irrenunciable.
4º.- Que la vida humana viene protegida por el Estado, no sólo en interés del individuo, sino también en interés de la colectividad (un argumento muy paternalista).
5º-. La vida no es un bien cuya titularidad corresponda al sujeto que la vive.
6º.- La vida se tiene que proteger de modo absoluto, sin consideración a la voluntad del individuo, que no puede disponer de ella, aunque sea su titular, y que, por tanto, tampoco puede consentir válidamente para que se le prive de ella.
7º.- La vida es el más precioso y elemental de los derechos.
8º.- Las decisiones sobre la vida humana están reservadas exclusivamente a la omnipotencia divina.
Por el contrario, un clamor que cada vez se escucha más proclama que ha de reconocerse absoluta libertad de disposición de la vida por su titular. El derecho a la vida es renunciable en aras al libre desarrollo de la personalidad.
Entre ambas opiniones hay muchas voces eclécticas que, si en general aceptan la disponibilidad de la vida humana, restringen la misma a determinados condicionamientos. Por ejemplo, aquellos que limitan dicha disponibilidad a comportamientos del propio titular sobre sí mismo, negando la posibilidad de que pueda -dicho titular- autorizar lesiones procedentes de tercero. Y así, muchas opciones más, que realmente, limitan la libre e incondicionada disposición de cada uno de su propia vida.
No obstante, la opinión de la mayoría, esto es, la que defiende e impone la indisponibilidad de la vida, ha sabido encontrar interesadas excepciones a dicho principio, lo que nos da a entender que todo orden -como siempre- viene impuesto por el poder y no por la naturaleza de las cosas -que es más cercana al caos que al orden-. Sirvan como ejemplo de esas excepciones el entender que el Estado sí que está facultado para disponer de la vida de los seres humanos -eso sí, conforme al Derecho que él mismo establece- de esta manera está legitimado -abolida no hace muchos años en España- a la imposición y ejecución de la pena de muerte. También está facultado para obligar a los ciudadanos a cumplir con el servicio militar (menos años todavía que la anterior excepción han transcurrido en España desde su supresión), servicio militar que imponía a los individuos, según las circunstancias, el debe jurídico de morir o matar a la vez que se les veda disponer por sí de la vida de sus prójimos e incluso de la suya propia. Todos nosotros estamos también abocados a la muerte, o la merma física y psíquica si el Estado, a través de sus mecanismos legales e instituciones legitimadas para ello, declara la guerra a un tercero, pues podemos ser llamados a filas. Y esto sin incluir al grupo de la sociedad, que forman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen como deber sacrificar su vida “Todo por la Patria”, no olvidemos esa famosa canción de la legión “Soy el novio de la muerte”.
Otra excepción más limitada es la legítima defensa, que nos permitirá disponer de la vida de otro si se cumplen los requisitos legales para su aplicación, pero esto es técnicamente una mera apariencia de que somos nosotros los que disponemos de la vida de otro, porque lo que realmente sucede es que ante la situación concreta y singular en que falta o resulta insuficiente la acción del Estado, es el propio particular el que asume la tutela pública de su vida o de otro.
La abolición de la pena de muerte, la complejidad que tras la segunda guerra mundial existe para declarar la guerra y el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia son las causas de que esas excepciones a la indisponibilidad de la vida se estén quedando vacías de contenido.
Pero actualmente, superado el dogma religioso y en franca decadencia del monopolio del Estado en todo ámbito de la vida, la opinión que defiende la absoluta libertad del poder de disposición de la propia vida por su titular se va imponiendo, como entiendo que no puede ser de otra forma si queremos ser coherentes. En nuestro país uno de los primeros pasos lo dio la ley de sanidad de 25/04/1985 al consagrar el derecho del paciente al respeto a su personalidad, dignidad humana y a la intimidad, permitiéndole negarse al tratamiento, lo que equivalía, pues, a dejar el curso de su salud en sus manos, aunque ello desembocara en su muerte. La única excepción a esa facultad del paciente era que la falta de intervención médica supusiera un riesgo para la salud pública o que la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o el fallecimiento. Sin embargo, no hemos avanzado más.
En esta plancha no incluyo el aborto, pues hablamos de la disposición de la vida propia, no de la vida de otro. Y en el aborto no queda claro cuando se involucra en el mismo la vida de otro ya que la propia siempre está involucrada aunque, por lo general, nunca para decidir su propia extinción, que es de lo que estoy hablando ahora.
Llegados a esta situación, lo más que somos capaces es de discutir leyes sobre la eutanasia y regular supuestos. A mí me parece una hipocresía esta actitud, es un miedo a reconocernos como seres plenos y un enclave a creencias religiosas que se mantienen en sus penumbras características. Sólo somos capaces de pensar que somos dueños de nuestra vida cuando la medicina no tiene medios de curar nuestra enfermedad y, aún en estos supuestos, discutimos si hay que sufrir los dolores y padecimientos de aquélla o sedar al enfermo y dejarlo que muera de hambre y deshidratación si la propia enfermedad, al no recibir tratamiento médico, no es capaz de vencerle antes.
Por qué. Por qué la vida no es libremente disponible para cada uno. Por qué si me quiero morir dentro de dos meses no puedo contratar los servicios adecuados para que ese trance sea lo menos penoso posible. Por qué mi única salida es suicidarme (algunos países han llegado al absurdo de penalizar el suicidio o la tentativa de suicidio). Por qué no se legaliza el homicidio consentido. ¿De quién sino de cada uno es su propia vida? ¿Es que mi vida es de otro? ¿Es mi vida del Estado, de la sociedad, de la comunidad, de Dios o de sus representantes terrenales? La respuesta a estas preguntas yo la veo obvia si desnudamos nuestra reflexión de moralidades piadosas, tradiciones culturales alejadas de toda racionalidad que parta de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad.
De la consideración de la calidad del ser humano como un fin en sí, es decir, de su derecho al ejercicio racional de sus facultades de conocimiento y voluntad y de su derecho a trazarse, en su virtud, un plan de vida, un destino peculiarísimo que realizar y a proponerse un fin personalísimo que conseguir y de obrar en consecuencia y sin interferencias ni restricciones para alcanzarlo. Y si esto es en la vida ¿por qué no también en su culminación y coronación, o sea, en la muerte? Justamente, la congruencia en y de la vida, exige su armonía con la muerte.
Si esto no es así, qué queremos decir cuando vulgarmente manifestamos la disconformidad entre la vida y la muerte de alguien cuando éste no acuerda el momento de la muerte a las convicciones y la trayectoria de su vida con la expresión “No supo morir”.
En resumen: si por el respeto que se debe a la dignidad de cada individuo, le pertenece su vida, ¿cómo no le ha de pertenecer su muerte?

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